La no renovación y el fin del mandato de la CICIG (Guatemala, el país de la eterna polarización)

14 de Enero 2019

La decisión de no renovar el mandato de la CICIG y de ponerle fin a la misma por parte del gobierno de Guatemala —nos guste o no, estemos a favor o en contra—, es una decisión basada en ley.

CICIG

Giulio TalamontiPor Giulio Talamonti
@GIULIOTALAMONT1

De hecho se ampara en el marco constitucional de los artículos 175 y 183 de nuestra ley suprema. Tal decisión fue notificada oficialmente al señor Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de una carta diplomática (acuerpada por un Acuerdo Gubernativo) signada por el presidente Morales; la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; y el Consejo de Ministros en pleno, llena todos los requisitos de ley para oficializar la decisión del gobierno de Guatemala, tal y como manda además el Convenio de Viena en su artículo 60.

Además, fue justificada por el Presidente de la República argumentando que la comisión se alejó de su mandato y se alejó también del cumplimento de sus fines, para dedicarse a una “persecución ilegal”, lo cual “viola los principios y prácticas constitucionales y su propio mandato.

De hecho se ampara en el marco constitucional de los artículos 175 y 183 de nuestra ley suprema.

En los últimos días hemos visto personas manifestando, unas pocas a favor de la CICIG y otras a favor del presidente Jimmy Morales, cual si se tratara de una lucha épica entre el bien y el mal; olvidándose que los guatemaltecos debemos estar unidos y trabajar por una Guatemala mejor. En ocasiones la doble moral también juega un papel fundamental en la polarización; temas como el racismo, la religión, la desigualdad y la pobreza, la política, el aborto, la pena de muerte, los derechos de los pueblos mayas y la lucha contra la corrupción y la impunidad, se constituyen en verdaderos tabúes guatemaltecos que nos han polarizado y siguen polarizándonos. Lo inquietante es el interés y el esfuerzo de algunos sectores y grupos de presión en mantenerlos como tabúes y que, bajo la bandera de evitar la polarización (algo que resultaría absurdo porque no se puede evitar lo que ya existe), se rehúya a discutirlos abiertamente, tratando de encontrar soluciones verdaderas.

Mientras tanto, Estados Unidos fijó su postura manifestando el apoyo de su gobierno a la decisión tomada por Estado guatemalteco y además ofreció el apoyo necesario en la continuidad de la lucha contra la impunidad. Por otro lado los países donantes, denominados el G13, tampoco le pueden decir a Guatemala que debe conservar a la CICIG y sus funcionarios tal y como “funcionó” hasta ahora.

Una cosa es cierta en este momento, legalmente la CICIG finalizó su mandato y le queda una obligación pendiente: tratar de iniciar un proceso de “transición de capacidades” con las entidades que colabora, particularmente con el Ministerio Público, institución que con madurez y responsabilidad debe cumplir con su función y demostrar que los guatemaltecos estamos dispuestos y preparados para luchar contra la corrupción y la impunidad.

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