El engorroso juicio contra una docena de políticos y activistas partidarios de la independencia de Cataluña comenzó el martes en el Tribunal Supremo en Madrid, en medio de protestas de partidarios de la desunión y en un ambiente de elevada tensión política.
Los 12 acusados están siendo juzgados por rebelión y otros derivados de su papel en la declaración de independencia unilateral de octubre de 2017, que se basó en los resultados de un referéndum realizado pese a una prohibición constitucional.
El juicio, que posiblemente sea el más importante en cuatro décadas de democracia en España, arranca con el futuro del gobierno en minoría del socialista Pedro Sánchez en manos de las negociaciones de última hora con los partidos independentistas catalanes para que respalden los presupuestos generales de 2019.
Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones anticipadas si los separatistas, que el año pasado sí respaldaron al Partido Socialista en su moción de censura al entonces presidente conservador Mariano Rajoy, no cambian de postura en la votación del plan de gasto prevista para el miércoles. El debate presupuestario en el Congreso comenzó también el martes.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el gobierno no va a ceder a las presiones catalanas de iniciar conversaciones sobre la autodeterminación regional a cambio de su apoyo al presupuesto.
El martes, manifestantes independentistas bloquearon brevemente autovías y carreteras antes del inicio del juicio en el alto tribunal en Madrid.
El juicio se emitía en vivo por la televisión en una muestra de transparencia que busca contrarrestar el ataque de los separatistas a la credibilidad de la corte.