El ministerio de Finanzas Públicas solicitó al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) hacer un “análisis exhaustivo de su situación patrimonial” para confirmar su solvencia sobre si puede o no administrar la tarifa social de la energía eléctrica.
La petición se da después de que distintos sectores manifestaran su preocupación ante la posibilidad de que se retire el beneficio a los cerca de 2 millones de guatemaltecos que lo poseen actualmente.
En un comunicado difundido en redes sociales, la cartera del Tesoro destaca que históricamente el INDE ha sido el encargado de administrar el subsidio correspondiente, y le pide a sus autoridades identificar la necesidad real de requerir aportes adicionales para cumplir con esa obligación.
“Los indicadores financieros del INDE muestran solvencia y solidez”, cita el documento, y añade que a pesar de ello en 2016 recibió un aporte de Q200 millones por parte del Gobierno Central, el cual aumentó a Q300 millones en 2017, cantidad que también se otorgó en 2018.
Por otro lado, fuentes del INDE manifestaron que la institución no cuenta con los recursos para asumir esa carga financiera, y consideraron que el tema tendrá que ser resuelto desde el Congreso de la República.
Según el Minfin, durante los talleres del Presupuesto Abierto, desarrollados el año pasado, “no se abordó oficialmente la necesidad de continuar con el aporte de la tarifa social”.