En momentos en que Venezuela entra en el cuarto día del mayor apagón de su historia, se espera la llegada de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que sostendrá reuniones con el gobierno, la Asamblea Nacional, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos.
En tanto, la Asamblea Nacional se apresta a declarar el estado de alarma nacional para elevar la presión contra el presidente Nicolás Maduro ante el apagón que ha desatado protestas y saqueos de comercios en Caracas y otras ciudades.
Aunque no tendrá un efecto concreto, con la declaración de la alarma nacional la mayoría opositora del Congreso buscará presionar al gobierno para que permita el ingreso de ayuda internacional. La mayor parte del país permanece con apagones intermitentes y algunas regiones están sin luz desde hace cuatro días, lo que agrava las dificultades que afronta la población causadas por la profunda crisis económica y social.
Por su parte se espera que la misión de la ONU, que visitará a la capital y otras regiones entre el 11 y 22 de marzo, elabore un informe que sirva de base para una posible visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, quien fue invitada por el gobierno venezolano.
“Todos los sistemas de recuperación están activados”, afirmó Maduro en un video que difundió la víspera en su cuenta de Twitter en el que reiteró que el prolongado apagón es consecuencia de varios “ataques” que ha sufrido el sistema eléctrico en los últimos días.
Mientras daba instrucciones por una radio desde el palacio de gobierno, el mandatario izquierdista dijo que con las acciones contra el sistema eléctrico se busca llevar a la población a la “desesperación y al enfrentamiento”.