Era 1982, el apogeo de la guerra civil en El Salvador. Cuatro periodistas de la televisión holandesa se unieron a los rebeldes izquierdistas cerca de la localidad de El Paraíso, que tenía una base militar en sus alrededores.
Con la intención de pasar varios días tras las líneas rebeldes, los reporteros se echaron la mochila a la espalda y caminaron en fila por un sendero.
Les quedaban apenas minutos de vida. Acostados esperando, soldados salvadoreños armados con rifles de asalto y ametralladoras estaban listos para lanzar una emboscada.
“Eran presas fáciles. Los militares los esperaron y básicamente los ejecutaron”, dijo Thomas Buergenthal, que fue uno de los tres integrantes de una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador establecida en el acuerdo de paz mediado por el organismo internacional en 1992.
Un año más tarde, el reporte de la comisión sobre las violaciones de derechos humanos durante la guerra concluyó que la emboscada tendida para matar a Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen fue ordenada por el coronel Mario Reyes Mena, un comandante de brigada.
En Holanda aumentan ahora los llamados para que Reyes Mena, entre otros, sean llevados ante la justicia luego de que un documental emitido en la televisión del país puso el foco en unos asesinatos que nunca han sido procesados. El reporte de investigación, llamado “In Cold Blood” (“A sangre fría”), reveló que Reyes Mena vivía en un relativo anonimato en Estados Unidos.
“El gobierno holandés tiene mucho interés en llevar a los responsables de la muerte de los cuatro periodistas ante la justicia”, dijeron los ministros de Exteriores y Justicia del país a legisladores tras la emisión del documental. “No solo porque concierne a cuatro ciudadanos holandeses que fueron asesinados a disparos, sino porque concierne a periodistas, que tienen una tarea indispensable en un estado democrático constitucional”.
Reyes Mena, quien ahora tiene 79 años, vive en un suburbio de Washington. Residente legal de Estados Unidos desde al menos 1987, ya no está amparado por la Ley de Amnistía de 1993, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña en 2016.
Antes incluso de la emisión del documental holandés en septiembre, la Procuraduría General de El Salvador había empezado a investigar posibles cargos penales contra Reyes Mena y Francisco Antonio Morán, exdirector de la policía secreta del país y que también aparece mencionado en el reporte de la ONU. La fiscalía actuó en base a una demanda penal presentada en marzo de 2018 por los abogados de Gert Kuiper, hermano de uno de los reporteros asesinados, explicó Óscar Pérez, vocero del equipo legal de Kuiper.