Miles de inmigrantes temen que esa pregunta haga que muchos extranjeros se abstengan de participar en el censo. Y hay quienes creen que millones de personas no serán tomadas en cuenta.
El temor es mayor sobre todo en estados de tendencia demócrata con grandes comunidades de inmigrantes. Un recuento inexacto tiene consecuencias graves, dado que miles de millones de dólares del gobierno federal y las bancas en el Congreso son distribuidos en base a la población de cada estado.
En las comunidades de inmigrantes, a menuda recelosas del gobierno, la pregunta sobre la ciudadanía puede hacer que la gente “no llene el formulario del censo y ni siquiera responda cuando le golpean la puerta”, aseguran organizaciones por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.
Esa inquietud se vio acentuada por la retórica de Trump hacia los inmigrantes y por el temor de que la información del censo pueda ser usada para pillar y deportar gente.
El director de la Oficina del Censo Ron Jarmin dijo que esa dependencia tiene prohibido por ley compartir su información con los organismos policiales. “Garantizamos que la información que reunimos está siempre protegida”, aseguró.
El gobierno incluyó la pregunta de la ciudadanía en el censo y el tema llegó a los tribunales. Está actualmente en la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora parece dispuesta a permitir esa pregunta.
El gobierno dice que está facultado para incluir la pregunta, que no viola la constitución, ya que fue incorporada en el pasado –la última vez en 1950– y figura en otros estudios anuales más pequeños sobre la población.
El Instituto de Políticas Públicas de California dijo que se corre el peligro de no contabilizar a 1,6 millones de personas, el 4% de la población de ese estado. Y que eso puede costarle a California 53 bancas en la Cámara de Representantes.
Por ello California y otros estados están invirtiendo millones de dólares en campañas para convencer a los residentes, con permiso de residencia y sin él, de que participen en el censo. Emplean mensajes, cartas, visitas a las casas de la gente y otros medios.
La cámara baja de Colorado aprobó hace poco una partida de 12 millones de dólares para alentar la participación en el censo. Los gobernadores de Kansas y Nevada están creando comisiones encargadas de alentar la participación.
En Nuevo México, donde el estado lanzó una iniciativa de varios millones de dólares para asegurar un buen conteo, la gobernadora Michelle Luján Grishman advirtió que si no se cuenta un 1% de la población, el estado podría dejar de recibir más de 700 millones de dólares del gobierno federal en la próxima década.
Tal vez ningún estado corra más riesgos que California, donde no hay ningún grupo racial o étnico mayoritario y hay más hispanos que blancos. Más de una cuarta parte de sus residentes nacieron en el exterior.
En el censo habrá un amplio uso de la internet y mucha gente no tiene acceso a esa herramienta y podría quedar afuera.
La Oficina del Censo planea contratar entre 450.000 y 475.000 personas para que participen en la consulta. La mayoría de ellas golpearán las puertas de la gente que no ha participado en el censo.