Para el 16 de marzo de 2020 fue programado el juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y otros implicados en el caso de defraudación aduanera La Línea.
El juez Miguel Ángel Gálvez estableció esa fecha para empezar con el debate por el hecho que supuso la caída del gobierno del Partido Patriota, en abril de 2015.
El exbinomio presidencial, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y empresarios están sindicados de defraudar al Estado por más de Q25 millones.
Para fundamentar el debate, Gálvez aceptó más de mil 500 medios de prueba, entre testimonios, documentos y grabaciones.
La estructura
Esto habría sido posible mediante el control que la supuesta estructura criminal asumió en las aduanas Central, Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla, según pesquisas del Ministerio Público (MP).
Estas dan cuenta de que la estructura, presuntamente liderada por Pérez y Baldetti, contaba con más de 60 colaboradores en un sistema paralelo a la SAT, durante la gestión de Carlos Muñoz y Omar Franco.
Entre otras funciones, esta red fijaba el pago que debía hacerse por el ingreso de contenedores en las terminales citadas. Los cobros llegaban hasta los Q100 mil, dependiendo de la mercancía que transportaban, según el ente investigador.