El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara de forma sorpresiva que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.
Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.
La senadora se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri.
Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.
El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.
Fernández está imputada de haber otorgado de forma discrecional obras públicas a un empresario allegado. Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.
Su compañero de fórmula presidencial, jefe de gabinete durante su mandato y el de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007), es uno de los cerca de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.
La primera audiencia del juicio está destinada a la lectura de la acusación fiscal y podría prolongarse por varias semanas.
La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. De ser hallada culpable podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.
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