Así lo indicó Tonatiuh Guillén, responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), en una entrevista en la que adelantó que el primer proyecto de este tipo se construirá en Chiapas, casi en la frontera con Guatemala.
“Estamos por consolidar el terreno que será de 15 hectáreas en Tapachula”, dijo Guillén. “Si todo sale bien en el segundo semestre empezaríamos el diseño y ojalá la construcción de la nueva infraestructura con características de albergue y no de seguridad, de convivencia, y no de control”.
México se ha visto desbordado por el creciente flujo de migrantes en los últimos meses, muchos de los cuales han llegado en caravana o se han unido a esos grupos formados sobre todo por familias centroamericanas con niños.
La idea es reducir al mínimo los centros de detención -actualmente más de 50- para destinarlos a los migrantes que van a ser retornados a sus países y que se alojen allí por espacios cortos.
El resto de las personas, las que aspiren a refugio o tengan tarjetas de visitante o trabajador regional -dos permisos que ahora se están ampliando y que permiten el libre movimiento por los estados del sur de México-, estarían en los nuevos albergues.
El gobierno ha negado que esté separando familias pero reconoció que está desbordado.
“El Instituto no tiene una infraestructura para familias”, admitió Guillén. “Las estaciones tienen un modelo muy severo de control y desde la perspectiva de los niños es completamente inapropiado”. Sin embargo, el gobierno decidió instalarlos allí precisamente para que estuvieran con sus familiares, agregó el funcionario.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado recientemente condiciones de hacinamiento y falta de registros en Tapachula, donde ha habido reiteradas fugas.
Pero las propuestas como la construcción de albergues tardarán tiempo en concretarse y el próximo proceso electoral en Estados Unidos podría alentar el miedo a medidas más drásticas de Washington y el crecimiento de los flujos hacia el norte.