La Corte Suprema de Justicia (CSJ)admitió para su trámite las solicitudes de antejuicio planteadas por el Ministerio Público (MP) contra siete diputados, exmilitantes del extinto Partido Patriota, por presuntas actuaciones ilegales durante el gobierno de esa agrupación política.
Se trata de Estuardo Galdámez, Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) acusa de ofrecer sobornos a otros legisladores, a cambio de apoyo para la aprobación de distintas leyes.
En el caso también se implica al ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela. Para él también se solicitó el antejuicio
La CSJ designó a los respectivos jueces pesquisidores, quienes conocerán los expedientes y desarrollarán las diligencias necesarias para posteriormente recomendar al pleno si procede o no el retiro de inmunidad.
Habrían ofrecido dinero por votos
Según la FECI, Los legisladores y la exvicepresidenta Roxana Baldetti habrían negociado la compra de votos para aprobar diversas leyes, así como favorecer a determinados candidatos en las elecciones del contralor general de cuentas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
Los implicados habrían ofrecido y pagado Q50 mil de forma bimensual a los diputados que apoyaban con sus votos las normativas establecidas por Baldetti.
El pago de estos favores pudo representar la erogación de unos Q57.8 millones, de acuerdo con pesquisas preliminares. Estas dan cuenta de que los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015.
Colaborador eficaz
Según información extraoficial, el exdiputado Edgar Cristiani, también exmilitante del PP, sería colaborador eficaz en este caso.