Después de 10 años de que entrara en vigencia la normativa correspondiente, el impulso de la firma electrónica avanzada sigue siendo un reto para las autoridades de Gobierno.
El mecanismo permite la identificación de personas en la suscripción de documentos digitales, pero, hasta ahora, no se ha conseguido que sea adoptado por la mayoría de empresas y entidades privadas que funcionan en el país.
Skarlette Anthone, directora Ejecutiva del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, indicó que anualmente hay un crecimiento del 40 por ciento en los entes que se acogen al procedimiento, pero la mayoría siguen siendo del sector público.
Sugiere modificaciones
A decir de la funcionaria, para fortalecer este aspecto se necesitaría impulsar cambios en la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, la cual rige el mecanismo.
Empero, esta será una tarea que tendrían que emprender las autoridades del nuevo gobierno.
En rezago
En 2009, cuando se aprobó la normativa citada, Guatemala ocupó el primer lugar en la región en impulsar el procedimiento, pero actualmente ha caído al cuarto puesto, dijo Anthone.
Esto se debe a que Costa Rica, Panamá y El Salvador han conseguido mayores avances en su implementación.