A puertas cerradas, sin acceso a la prensa, con una duración mínima de un mes, el apoyo de intérpretes de señas por primera vez en la historia en un juicio en Argentina y la participación de unos 200 testigos. Así será el juicio que comienza este lunes en contra de los curas Nicolás Corradi, de 83 años y Horacio Corbacho, de 59, y el jardinero Armando Gómez, de 49, acusados de haber abusado sexualmente durante años de menores sordos, hipoacúsicos y de escasos recursos económicos, que estudiaban y vivían en un instituto religioso en la provincia de Mendoza.
Las primeras denuncias comenzaron en 2008, pero fue hasta fines del año 2016 que la historia estalló y conmocionó a la opinión pública, ya que es una de las causas de abuso sexual eclesiástico que involucra a un mayor número de víctimas en Argentina.
Durante la investigación, más de 20 víctimas, que hoy son adultas y cuyas identidades se mantienen en reserva, contaron en lenguaje de señas cómo los curas y otros acusados las obligaban a practicarles sexo oral, las amarraban para violarlas, las abusaban en grupo o las hacían tener sexo entre ellas frente a los sacerdotes, entre otros relatos pormenorizados de los abusos sexuales y maltratos que sufrieron.
Los hechos denunciados ocurrieron en el Instituto Antonio Próvolo, donde menores sordos e hipoacúsicos eran llevados por sus familias para que se educaran con curas, quienes crearon una amplia y sostenida organización pedófila que dio paso a una causa en la que fueron imputadas 14 personas, entre ellos los sacerdotes que deberán responder por los delitos de “abuso sexual agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores”.
El primer juicio derivado de las acusaciones concluyó el año pasado con la condena a 10 años de cárcel de Jorge Bordón, un ex monaguillo que reconoció ocho hechos de abuso sexual denunciados por cinco ex alumnos, pero el segundo juicio, que inicia hoy, es el principal porque involucra a los curas que dirigían el Instituto y que son señalados de organizar y encabezar los abusos.
Sentencia en un mes
A partir de este lunes, y en audiencias diarias en las que no se permitirá el acceso a la prensa para proteger la identidad de las víctimas, el tribunal presidido por el magistrado Carlos Díaz e integrado por Alejandra Ratto y Mauricio Juan juzgarán al sacerdote Horacio Corbacho por 16 hechos de abuso sexual y corrupción de menores; al sacerdote Nicolás Corradi por seis; y al jardinero Armando Gómez por otros seis, delitos por los cuales podrían ser penados hasta 50 años de prisión.
El plazo estipulado para que dicten sentencia es de un mes, después de lo cual faltarán todavía dos juicios, uno de ellos en contra de Kumiko Kosaka, una monja japonesa acusada de siete hechos de abuso sexual y corrupción de menores, que estuvo prófuga y que ahora se encuentra en prisión domiciliaria, y otro en el que serán juzgadas la monja Asunción Martínez; las ex directoras del Próvolo, Cristina Leguiza, Valeska Quintana, Gladys Pinacca y Laura Gaetán; y los ex empleados Noemí Paz (cocinera), Apolinario Choque (jardinero), Cecilia Raffo (psicóloga), Armando Gómez (administrativo) y Graciela Pascual (representante legal).
A lo largo de la investigación se descubrió que la historia había comenzado en los años 50 en Verona, Italia, sede del Instituto Antonio Próvolo, y en donde decenas de sacerdotes fueron acusados de abuso sexual contra niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos.
Entre los denunciados estaba el entonces joven sacerdote Corradi, quien, tal y como ocurrió en otros casos de curas pedófilos que han sido revelados a nivel internacional, fue enviado por El Vaticano a Argentina como una manera de protegerlo y evitar escándalos que afectaran a la Iglesia Católica.
Una vez en el país sudamericano, el cura dirigió el Instituto Próvolo, ubicado en La Plata, durante las décadas del 70 y 80, pero cuando surgieron allí denuncias en su contra por abusos, fue nuevamente protegido y enviado a Mendoza, en donde, a sus 83 años, ahora tendrá que enfrentar a la justicia.
A raíz de este caso, El Vaticano inició una investigación canónica en contra de los curas e intervino el Instituto Próvolo en todas sus sedes internacionales.