La disyuntiva entre explotación de los recursos amazónicos y los intereses de preservación ambiental de la mayor selva tropical del mundo se han convertido en una piedra del zapato del actual Gobierno brasileño, en un momento crítico para la selva Amazónica que está siendo devastada por más de 30.000 focos de incendios diferentes detectados solo en el pasado mes de agosto, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
Diversos líderes europeos cuestionaron las contribuciones brasileñas a la lucha contra el cambio climático durante la cumbre del G20 que tuvo lugar en junio, momento en el que el Gobierno de Brasil sopesaba la alteración en la estructura del Fondo Amazonia, la principal fuente de financiación del combate a la deforestación, conservación y uso sustentable de la selva amazónica.
El ministro de medio ambiente brasileño, Ricardo Salles, apuntó supuestas irregularidades en algunos proyectos del Fondo y, además, propuso que una parte de los recursos se destinasen a indemnizar a los productores que ocupaban tierras de Unidades de Conservación Ambiental. Una opción impensable para Noruega y Alemania, responsables del 99% de la recaudación de los fondos.
El rechazo de Noruega y Alemania
Noruega y Alemania se opusieron a los cambios de estructura y solicitaron una acción conjunta para fortalecer la preservación de la Amazonia. No obstante, el ministerio de Medio Ambiente de Brasil ratificó a principios de julio la extinción del Comité Orientador del Fondo Amazonia (Cofa), constituido por representantes del gobierno central, gobiernos estatales y organizaciones sociales. En la misma medida también se eliminaron otros órganos relacionados con la administración pública y con quien Bolsonaro ya venía mostrando una falta de simpatía desde abril. Si bien el objetivo de Salles era crear un nuevo Cofa con menor participación de la sociedad civil y más protagonismo del Gobierno central, el supuesto Comité alternativo podría no ver nunca la luz puesto que la reacción de los países financiadores ha sido bloquear sus contribuciones económicas, lo que desembocaría en la extinción del Fondo si Brasil no resuelve la crisis diplomática sobre cuestiones ambientales con estos países.
El Fondo Amazonia
Creado en 2008, este Fondo consiguió recaudar 754 millones de euros (3.400 millones de reales) que fueron administrados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). “Estos recursos financiaron proyectos que generaron más autonomía de sustento para las comunidades locales, una cierta pacificación de la lucha histórica por los territorios, reducir el hambre, la mortalidad infantil, las enfermedades y permitieron la instalación de redes de comunicación vía radios internas, entre otros beneficios”, declara Busatto, que explica que dos proyectos de la OPAN pudieron financiarse con recursos del Fondo Amazonia. Busatto reconoce que, aunque el Fondo Amazonia se extinguiese, la OPAN continuaría ya que existen otras financiaciones alternativas, no obstante “perderíamos un gran frente de acción conjunta para preservar la Amazonia”, añade.