Previamente, el exmandatario (2004-2009) se sometió a un proceso abreviado, lo que implica que confesó haber sobornado a una empleada judicial para que le filtrara información en un juicio civil en su contra.
El abogado Mario Machado, que defiende al exmandatario, intervino en favor de su cliente. “El señor Saca ya tiene más de dos años de estar en detención provisional por este caso y la pena ya debería de estar cumplida”, dijo. En respuesta, la jueza de San Salvador decidió que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria –y no ella– determine si los dos años de cárcel contra el expresidente se suman a los que diez que ya cumple tras confesar, en 2018, que participó en una red de corrupción que se apropió dinero público.
La Fiscalía –que aceptó que Saca admitiera su responsabilidad en los cargos penales que se le imputaban– procesó al expresidente por el delito de cohecho activo, que según el Código Penal ocurre cuando una persona ofrece o entrega a un funcionario o empleado público una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para que ejecute un acto contrario a sus deberes oficiales o para que no realice o retarde un acto.
Según el juicio, el exmandatario ofreció un soborno de 10.000 dólares a Ángela Iracema Avelar Salinas, empleada de la Cámara Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Por su confesión, según el acuerdo con la Fiscalía, Saca sólo recibiría una pena de dos años de prisión. De no haberlo hecho, podría haber enfrentado una condena de seis a diez años, que se sumarían a los diez que ya está cumpliendo por los delitos de peculado y lavado de dinero.
También en un proceso abreviado, Avelar Salinas confesó en diciembre 2018 que aceptó un pago del expresidente Saca a cambio de proporcionar detalles del proceso civil.
El procedimiento abreviado es una figura procesal que consiste en la admisión de los hechos por parte del imputado, quien además otorga su consentimiento para poder prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado.
Esta es la segunda vez que el expresidente admite que cometió delitos durante su administración. En agosto de 2018 admitió ante un tribunal que desvió más de 300 millones de dólares de fondos del Estado para favorecer a sus empresas y a terceras personas.
Saca, de 54 años, ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador.
En el mismo caso –conocido como “Transes”–, la Fiscalía también está procesando al abogado Rafael Edgardo Calderón López, exjuez de Paz de San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán, al occidente del país, que formaba parte de una red que se dedicaba a sobornar a empleados del sistema judicial. Calderón López también se sometió a un proceso abreviado y se declaró culpable. Se le atribuye el delito de prevaricato, que consiste en asesorar a las partes en los casos para salir libres en diferentes procesos penales, por lo que recibía diferentes cantidades de dinero.