Con el argumento de que existe una doble persecución contra sus patrocinados, los abogados de los implicados en el caso Fénix solicitaron a la jueza Éricka Aifán cerra el proceso penal.
Anteriormente, los profesionales del derecho habían alegado que el desfalco de Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ya fue juzgado, por lo que consideran que sus clientes no tendrían que ser vinculados en el nuevo caso, que corresponde al supuesto blanqueo de esos fondos.
Para la nueva acción legal se basaron en una resolución emitida en agosto de 2018 por la Sala Segunda de Apelaciones. Esta resolvió una desestimación de otro procesado, al considerar la existencia de una doble persecución penal.
Aifán, sin embargo, no dio valor a estos argumentos y rechazó los recursos legales planteados.
Lo que sigue
De esta cuenta, se prevé que la próxima semana se determine si los señalados por el Ministerio Público deben o no quedar ligados a proceso.
Entre los señalados figura el exgerente del Seguro Social César Augusto Sandoval Morales, quien ya fue sentenciado por este hecho y ahora es acusado por lavado de dinero. También, Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo del empresario Gustavo Herrera, contra quien fue girada una orden de captura internacional.
Este último cuenta con asilo en Nicaragua, y es requerido por la justicia guatemalteca desde hace años, por su supuesta participación en el desvío del monto citado.