El Ministerio Público falló en su intento de que Q11 millones de la fianza de una contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la droguería Pisa quedaran en poder del Estado.
La titular del Juzgado de Extinción de Dominio, Flor de Maria López, consideró que el ente investigador no demostró que el dinero tenía una procedencia ilícita, por lo que rechazó la petición planteada.
El MP alegó que la empresa incumplió con los requisitos de licitación en un contrato para el tratamiento de diálisis peritoneal para afiliados al IGSS, pues el servicio lo delegó en otra compañía.
Sin embargo, este argumento no fue suficiente para lograr la extinción.