En una actividad realizada en el Palacio Nacional de la cultura, el mandatario Jimmy Morales, opino sobre el trabajo que realizan las supuestas organizaciones de sociedad Civil y la Procuraduría de los derechos humanos.
El presidente se refirió a la indemnización que el estado de Guatemala debe pagar a las familias de Pedro Castillo Mendoza y Roberto Girón, quienes el 4 de octubre de 1993 recibieron sentencia condenatoria que les impuso la pena de muerte mediante fusilamiento por la violación calificada de Sonia Marisol Álvarez García de 5 años en una hacienda de Guanagazapa, Escuintla.
Es una sociedad civil politizada que viven del conflicto y del financiamiento raro. Empiezan casos y 20 años mas tarde reciben resarcimientos millonarios. Recientemente hay un caso interesante de 2 violadores de una niña de 5 años y según nuestra ley, la misma se cumplió. Pero que el mundo se entere que esta gente está defendiendo a violadores. Hombres que rasgaron la vágina de su pequeña víctima con un machete y mientras cometían la barbarie, pusieron su rostro en un hormiguero para que ella se moviera y de esta manera ellos pudieran tener placer. Hoy son defendidos por la PDH y esa sociedad civil, y el Estado tiene que pagar. Explicó
El presidente Jimmy Morales, también se refirió a la gestión que realizara Lucrecia Hernández Mack al frente del Ministerio de Salud Pública del 1 de agosto de 2016 al 27 de agosto de 2017.
Destacó que durante estuvo al frente de la cartera no se obtuvieron avances significativos y que lamentaba no haber tomado antes la decisión de poner al frente al exdirector del Hospital Roosevelt y actual ministro de salud, doctor Carlos Soto Menegazzo, a quien agradeció su apoyo en pro de los avances obtenidos.