Por medio de la adición de un artículo al Código Penal, el Organismo Ejecutivo propone tipificar como terrorismo con fines de desorden público social las actividades relacionadas con las pandillas o maras.
De esta cuenta se catalogaría como terroristas a quienes integren grupos criminales que, entre otras acciones, se dediquen a la extorsión.
El proyecto, que ya fue remitido al Congreso de la República, busca que quienes ejecuten estos actos sean sancionados con entre seis y 12 años de prisión, sin derecho a fianza.
Igual castigo se sugiere para quienes financien, promuevan o se beneficien directamente de esas actividades, mientras que la pena sería aumentada en una tercera parte a los jefes, líderes, dirigentes o cabecillas de esos grupos criminales, por lo que la pena podría alcanzar los 16 años.
En manos del Congreso
Para que tales disposiciones cobren vida legal, se precisaría de la aprobación del Legislativo.
Ese podría darle trámite a la iniciativa en un trámite de tres lecturas, que duraría varios meses, o aprobarla de urgencia nacional, en una sola sesión plenaria.
Sin embargo, esto dependerá de los acuerdos alcanzados entre las bancadas.
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