Luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) protegiera a cuatro de sus magistrados y dejara en suspenso el proceso de antejuicio promovido en su contra, diversos sectores manifestaron su preocupación por las presuntas ilegalidades y arbitrariedades cometidas.
Entre estas, destacaron un conflicto de interés, pues tres de los togados que enfrentarían el proceso, conformaron el tribunal que frenó el proceso.
El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) calificó este hecho como “ilegal e ilegítimo”; además hizo ver que se viola lo establecido en el artículo165 de la Carta Magna, pues se impide al Congreso ejercer una función que literalmente le fue encomendada en la última reforma constitucional.
Esto, en alusión a que el Legislativo no podrá conocer y analizar los señalamientos contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Neftaly Aldana y Francisco de Mata ni sus pruebas de descargo. Tampoco decidir sobre si procede o no su retiro de inmunidad.
Contradicciones
Analistas también resaltaron que los magistrados se convirtieron en juez y parte en este proceso, al no inhibirse de conocer los amparos presentados, lo cual contraria resoluciones previas, en las cuales citan que no pueden resolver sobre determinados casos por relacionarse con ellos.
En un ejemplo compartido a continuación, se evidencia que los togados ahora señalados firmaron un fallo al respecto.
Violaciones al Estado de Derecho
Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) opinó que el fallo de la CC muestra “evidentes y graves violaciones al estado de Derecho.”
Esta resolución se añade a un antecedente en el que la CC emitió un fallo autoprotegiéndose, a pesar de que la propia Ley de Amparo, en el artículo 69, expresamente indica que a los magistrados se les puede deducir responsabilidades por sus resoluciones”, se lee en un comunicado difundido el sábado.
Con esto, se hace alusión a lo ocurrido en octubre pasado, cuando Porras, Mejía y Mata consiguieron también dejar sin efecto un proceso de antejuicio en su contra, por emitir resoluciones contrarias a la Constitución.
El ente empresarial opinó que estas actuaciones denotan un patrón consistente de actuaciones irregulares por parte de los magistrados.
Pide corregir fallo
Hasta la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, presentó un memorial ante la CC, en el cual hace ver que los amparos en mención no reúnen “los presupuestos procesales necesarios e indispensables para continuar con su trámite”.
Ante ello, solicitó a los magistrados suspender en definitiva el trámite del amparo provisional que frenó los antejuicios.
La decisión queda en manos del máximo tribunal constitucional, el cual podría resolver como se le solicita o mantener su postura de proteger a sus integrantes.