Luego de varias denuncias, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha iniciado una investigación que está relacionada con transacciones sospechosas y el bono familia. Como primeros hallazgos, la entidad analiza el incremento en algunas cuentas infantiles con depósitos que han coincidido con el cobro del bono familia.
El investigador y analista en seguridad Lizandro Acuña, ha dado seguimiento a los reportes de la IVE e indica que se podría estar frente a una nueva modalidad por parte de criminales para quedarse con los recursos de este programa.
Muchos pueden ser obligados para que depositen en estas cuentas determinadas que van vinculadas al crimen organizado. El modo de operación de los antisociales es que acompañan al cajero a los beneficiarios y les obligan a depositarlo en cuentas de sus hijos, con la finalidad de que no sea tan evidente.
Esto ha generado sospechas, por lo que la IVE se encuentra en proceso de análisis, indicó el entrevistado, quien recordó a la población la importancia de denunciar estos hechos porque aunque sean obligados pueden ser vinculados a delitos como el de asociación ilícita y el lavado de dinero, que supera los 6 años de prisión.
Casos en investigación
Acuña destacó que al 29 de julio la IVE registra 187 ampliaciones de denuncia por este tema, además que localizaron y denunciaron 155 transacciones sospechosas (RTS) por un monto de Q1 mil 56.6 millones. En tanto que las personas involucradas en estas denuncias son aproximadamente 1 mil 830.
El monto llama mucho la atención y por eso es ahí donde prácticamente se da la sospecha en el incremento que se pueda tener del saldo de las cuentas que se tienen en las instituciones bancarias. Un incremento que va acotado a depósitos fraccionados con cantidades mínimas pero que reflejan en poco tiempo un saldo considerable que ha sido depositado en esa cuenta”.
Es importante tener estos datos estadísticos y que la población conozca que pueden incurrir en una acción ilícita aún siendo obligados porque ellos son los que representan, si se comprueba que estas cuentas son utilizadas por el crimen organizado, a los menores; y la responsabilidad recae sobre los mayores de edad que representan las cuentas ante las entidades bancarias, puntualizó.