En este proceso según la investigación del Ministerio Público (MP) exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y particulares integraron una organización criminal que operó a lo interno de la SAT y se dedicó a agilizar el pago de los créditos fiscales de manera ilegales.
En el juzgado A de mayor riesgo a cargo de Claudette Dominguez los abogados defensores de los procesados Ariel de Jesús Guerra, Rigoberto Chacaj, Carlos Muñoz, y Alfonso Castillo pidieron que fueran beneficiados con arrestos domiciliarios, asegurando que no hay peligro de fuga y la intención de perjudicar el trabajo de la fiscalía.
Según la investigación de la fiscalía a cargo del proceso los procesados beneficiaron a unas empresas o personas individuales con la devolución de los créditos fiscales a través del tráfico de influencias.
La juzgadora Claudette Domínguez después de analizar las peticiones de libertades condicionales, resolvió únicamente otorgarle arresto domiciliario al exjefe de la SAT, Carlos Muñoz. El resto de procesados deben seguir en prisión preventiva.