Durante el gobierno pasado, las fuerzas militares se asignaron únicamente para el resguardo de la fronteras, sin embargo a consideración de diputados al Congreso de la República, es necesario que regresen a las calles para garantizar la seguridad de los pobladores.
De acuerdo a la iniciativa, esta busca aprobar la ley emergente de seguridad, que pretende sacar nuevamente a las calles al Ejército de Guatemala, en apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), para garantizar la seguridad de la población.
Los soldados estarían facultados para realizar capturas cuando los implicados estén cometiendo hechos delictivos, además de establecer destacamentos militares en puntos donde se registre incremento de indices de criminalidad.
Participación del Ejército en actividades específicas
A principios del año 2020, previo a la pandemia, autoridades centrales establecieron una serie de Estados de Prevención. Estos se desarrollaban en áreas denominadas “rojas” o de alta incidencia criminal.
Para la puesta en marcha de las mismas fue necesario el apoyo de elementos del Ejército de Guatemala, quienes participaban en conjunto con la PNC. En su momento autoridades de la cartera de gobernación explicaron, que la dupla no correspondía a una militarización. Por el contrario era un apoyo y respaldo a operativos específicos en territorios que controlaban pandillas y el crimen organizado.
Aunado a estas actividades, el Ejército de Guatemala, también ha tenido otras participaciones en temas de patrullaje ciudadano y actividades de resguardo civil. También se cuenta con su apoyo en actividades de desastres naturales y otras emergencias suscitadas a nivel nacional.
¿Legalmente estaría permitido que fuerzas castrences presten apoyo de seguridad ciudadana?
La Constitución Política, en el artículo 244, establece que el Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior
En ese sentido el analista político Giulio Talamontti, explica que las fuerzas castrences ya están regidas por la carta magna para resguardo general y también cuentan con la potestad de realizar aprehensiones en flagrancia. Por lo que considera que esta iniciativa de ley es una acto de populismo y demagogia.
Sin embargo uno de los objetivos de la iniciativa es convertir en ley la propuesta anteriormente expuesta, la cual también determina que el financiamiento para estos destacamentos y patrullajes saldrían del Ministerio de la Defensa, de los recursos asignados anualmente.
En síntesis el analista considera que es una propuesta de ley innecesaria y se legislaría de manera innecesaria.
Ejército de Guatemala realiza patrullajes de seguridad en Jutiapa