El Ministerio Público (MP) acusó a los procesados ante los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo, de haber integrado una agrupación criminal, a la cual se le responsabiliza de asesinatos, secuestros, asociación ilícita, allanamientos ilegales, tumbe de drogas y dinero.
Según la hipótesis de la fiscalía, los sospechosos falsificaron órdenes de allanamientos para ingresar a ciertas viviendas para buscar dinero en efectivo, joyas o drogas.
El fiscal del caso solicitó que los procesados sean sentenciados con penas de 6 a 240 años de cárcel, al considerar que durante el juicio y con la presentación de las evidencias y testigos, se logró demostrar la participación de los sindicados en la comisión de varios crímenes como asesinatos y secuestros.
Los abogados defensores pidieron sentencias absolutorias a favor de sus patrocinados, al considerar que durante el juicio, su principio de inocencia no fue quebrantado.
Los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo, después de analizar las evidencias del ente investigador, encontraron culpables a los 19 acusados y se les impuso penas de 8 a 162 años de cárcel por los delitos de asesinato, plagio o secuestro, uso de insignias, asociación ilícita y portación ilegal de armas de fuego.
La máxima pena de prisión de 162 años fue para los reos Samuel Hernández Ayala y José Heraldo Retana Santos.