La oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la República de Guatemala, informó que desde ayer (jueves 22 de junio), se inició con la vacunación contra el Covid-19 a los privados de libertad.
Un total de 600 personas han sido vacunadas en las Granjas Los Ocotes y Canadá, a ellos se les garantizó su derecho a la salud como ordena la Corte de Constitucionalidad.
Antecedentes
Se inició con la ejecución de un “Censo Penitenciario” específicamente, destinado a obtener información, de naturaleza diversa, de las personas privadas de libertad que se encuentran detenidas en los distintos centros ubicados en los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Zacapa y Chiquimula, en las diligencias se tenía por objeto obtener varias informaciones.
- Datos generales, que permitan establecer información específica de identificación personal de las personas privadas de libertad.
- Información relacionad con datos demográficos, específicamente relacionada con el lugar de aprehensión, lugar de origen y ubicación de la residencia de las personas privadas de libertad.
- Datos relacionados con la situación jurídica de las personas detenidas
- Información relativa a la situación médica de las personas que se encuentran internadas en los centros de detención.
- Datos relacionados con las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, específicamente relativas a las necesidades especiales que éstas requieren.
De la información obtenida específicamente en los departamentos de San Marcos y Jalapa, es posible indicar lo siguiente:
- La información obtenida, refleja que la población penitenciaria, ha crecido de la posibilidad de recibir la vacuna contra la enfermedad Covid-19, toda vez que las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario, no ha gestionado una política integral para incorporar a las personas privadas de libertad dentro del plan nacional de vacunación, obviando completamente lo establecido en la Resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se refiere especialmente a este tópico en particular.
- Se han identificado causas estructurales que hacen necesaria la intervención de más instituciones para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.