El pasado 11 de enero la Fiscalía contra la Corrupción comenzó a presentar la investigación que realizo en contra de particulares y ex funcionarios del Estado, por su posible vinculación con actos ilegales en la concesión de terrenos y la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
Según la pesquisa de la fiscalía, los hechos criminales permitieron un desfalco al erario público por más de 400 millones de quetzales.
La fiscalía sostiene que se cometieron irregularidades con la compra venta de los terrenos, en los cuales se hizo la construcción del proyecto carretero. Al parecer se realizaron pagos superiores a los reportados en los informes de los contratos.
La fase de apertura a juicio se realiza en el Juzgado C de mayor riesgo a cargo de Silvia de León. Algunos abogados y acusados comparecen a las audiencias por enlace de video conferencia, esto por los protocolos de bioseguridad por el Covid-19.
La próxima semana la juez podría resolver si los 22 acusados deben enfrentar un juicio por el posible desfalco de más de 400 millones de quetzales ante un tribunal de sentencia de mayor riesgo o clausura el proceso a favor de los sospechosos.