Luego de dos días, tras haberse aprobado la iniciativa 52-72, que se convirtió en el Decreto 18-2022, lo que permitía nacer a la vida jurídica la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, este jueves el Presidente se pronunció al respecto.
El mandatario enfatizó que la iniciativa que dio origen a esta ley no fue enviada por su gobierno, y que pese a que el país fue nombrado recientemente Capital Iberoamericana por la Vida, dicho decreto es inviable.
En primer lugar quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo y en segundo lugar no podemos estar de acuerdo a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada capital Iberoamericana por la vida, no podemos unir una cosa con la otra y explico las razones: El Decreto Ley 18-2022 viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo mas preocupante es que viola la Constitución Política de la República. Detalló el jefe del Ejecutivo
Asimismo el gobernante dio a conocer que se comunicó directamente con la Presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, para externarle los argumentos por lo que dicho decreto no puede nacer a la vida jurídica.
Me he comunicado con la presidenta del Organismo Legislativo para solicitarle que mande a archivar esta ley, y en caso contrario he decidido que si esa ley llega a mi despacho, la misma será vetada. Por lo tanto le recomendó al Congreso de la República, con el debido respeto que por favor archive el Decreto 18-2022.
Polémica generada
Tras la aprobación del Decreto 18-2022, diversas organizaciones en pro de los derechos de niños y adolescentes, también de mujeres y de la diversidad sexual, así como múltiples sectores internacionales se pronunciaron respecto de la misma, aduciendo falencias que violentaban derechos humanos básicos.
El referido Decreto consta de 3 capítulos y 21 artículos, dentro de los cuales básicamente se incrementan y endurecen las penas en contra del aborto en varios aspectos,así como también se prohíbe la educación sexual con enfoque de diversidad de genero a menores de edad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es precisamente los últimos dos capítulos que generaron el rechazo colectivo, al evidenciar desde fundamentales legales y de derechos humanos, que la ley se desvía de su objetivo y atentaba contra grupos específicos.
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