Un juez federal del sur de Florida rechazó el martes el pedido de una exenfermera y tesorera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez para que desestime las pruebas de lavado de dinero que enfrenta, allanando así el camino para su juicio.
En una audiencia de menos de media hora realizada en los tribunales federales de Fort Lauderdale, el juez William P. Dimitrouleas pensó que, por el momento, las acusaciones contra Claudia Díaz Guillén presentadas por el gobierno de Estados Unidos están sustentadas.
“Voy a negar la moción para desestimar” los cargos, dijo el magistrado tras haber escuchado los alegatos de ambas partes.
Junto a su esposo, Díaz se enfrenta a tres pruebas de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de instrumentos monetarios. De ser encontrados culpables podrían enfrentar, cada uno, una condena de hasta 20 años de prisión por cada cargo y una deportación a Venezuela una vez que cumpla su tiempo en prisión.
El inicio del juicio está previsto preliminarmente para el 17 de octubre, pero unos días antes habrá una nueva audiencia para evaluar si las partes están listas. Podría suceder también que Díaz y la fiscalía lleguen a un acuerdo antes de esa fecha y el juicio sea cancelado, o que el juez cambie de opinión y desestime el caso si le pide a la fiscalía que presente más evidencias y no quede conforme.
Díaz estuvo presente en la audiencia, pero no efectuó declaraciones, salvo cuando le respondió al juez que podría escuchar bien la traducción al español. Sentada junto a su abogada Marissel Descalzo, lucía tranquila, con su cabello negro largo y suelto. Estaba vestida con uniforme gris de presa, llevaba un cubrebocas y esposas en las muñecas y grilletes en los pies.
A fines de junio, Díaz solicitó a la corte que desestime las evidencias que enfrenta junto a su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, quien se encuentra en España a la espera de ser extraditado.
Díaz se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2002 y abril de 2013 pero alegó que “en esas funciones actuó sin independencia extrema en las órdenes estrictas y específicas” de Chávez, de acuerdo con el documento en el que solicitó la desestimación de los cargos.
Su defensa asegura que el gobierno estadounidense carece de jurisdicción para acusarla a ella ya su esposo ya que los hechos habrían ocurrido fuera de este país.
La abogada de Díaz, Descalzo, le al juez que el gobierno no ha ofrecido detalles sobre el supuesto lavado de dinero dijo o cómo ellos transfirieron, transportaron o transmitieron instrumentos monetarios. Por el contrario, alegó, las afirmaciones indican que fue el magnate venezolano de medios de comunicación Raúl Gorrín quien transfirió, transmitió o trasportó fondos desde cuentas de bancos suizos.
“No hay ni un solo e-mail que diga que la señora Díaz haya hecho nada”, expresó Descalzo al magistrado en un intento de fundamentar su pedido para que se desestimaran las acusadas y el caso. “¿Cómo puede consolidarse el dinero girado a las cuentas de las que ella no tiene control?”, dijo.
La fiscalía asegura que Díaz obtuvo unos 65 millones de dólares de sobornos de Gorrín para autorizar transacciones lucrativas monetarias cuando ella dirigía la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Parte de ese dinero, unos ocho millones de dólares, habrían llegado al sur de Florida, según los fiscales federales.
Gorrín permanecerá prófugo de la justicia estadounidense y se que sospecha se encontraría en Venezuela. El empresario se enfrenta a asociación ilícita para transgredir las leyes sobre corrupción en el extranjero.
En la audiencia, el fiscal Paul Hayden dijo que el gobierno estadounidense planea ofrecer evidencias de correos electrónicos, documentos y testigos para fundamentar sus sospechas.
Díaz se declaró inocente a poco de haber sido extraditada desde España en mayo y permanece desde entonces detenida en una prisión federal. Otro juez rechazó su solicitud de libertad condicional al considerar que existe un alto riesgo de que se fugue del país.
La exenfermera ha manifestado también que tras el fallecimiento de Chávez y la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro, su familia fue perseguida y deberá refugiarse en España en 2016.