El flagelo de la extorsión es una constante en el transporte público del país, pero esta es una de las épocas en las que se incrementa la tensión pues los delincuentes cobran el denominado bono del pescado o de Semana Santa.
El cual consiste en un pago extra que los delincuentes exigen a los trabajadores de transporte urbano y extraurgano, taxistas, tuctuqueros, entre otros; indica Edgar Guerra, Defensor del Usuario de Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Cada año se da una situación de exigencia del mal llamado bono de Pescado o de Semana Santa. En ese sentido hay exigencia desde hace algunas semanas, y como consecuencia de eso ya paralizó el transporte en Antigua Guatemala, que se reactivó paulatinamente bajo la amenaza de ataques”.
Guerra señala que los transportistas que antes conducían buses rojos y que optaron por continuar trabajando con vehículos particulares que operan como taxis no autorizados, también están siendo víctimas de extorsionistas.
¿En qué consiste el bono del pescado?
El bono del pescado o de Semana Santa es un cobro adicional que se hace semanal o mensual; el cual oscila entre los Q300.00 hasta los Q2 mil; pues no hay una cuota específica, ya que esta varía dependiendo del tipo de transporte y ruta, indica Guerra.
Lo que sí es cierto es que se han incrementado ese tipo de ataques y ya hay también algunas acciones en cuanto al tema del Ministerio de Gobernación. Recientemente, la PDH también terminó una supervisión relativa al tema de violencia que se presenta en transporte público y se ha establecido que es muy urgente el uso de tecnología, como el control telemático por ejemplo para tener mayor control de las cárceles en donde se presume que salen las coordinaciones de las extorsiones. Así como el tema de investigación, su fortalecimiento para dar con los responsables, y el tema de denuncia ciudadana”, puntualizó.
¿Cuáles son los sectores en los que hay más ataques de este tipo?
De acuerdo con los monitoreos que hace la PDH, en el caso de los taxis colectivos no autorizados, el problema es general, es decir, que afecta a todo el país; pero con mayor incidencia en áreas de San Miguel Petapa, Villa Nueva, y Guatemala; principalmente en las zonas 7, 6 y 18.
También se tiene una alta incidencia en el transporte urbano y extraurbano departamental; por ejemplo en Quetzaltenango, en donde a pesar de la pandemia continuaron los cobros a excepción de los bonos extra como este del pescado, bono 14 y aguinaldo. No obstante con la reactivación económica también se reactivaron estos pagos adicionales.
Temor persiste en usuarios
Aunque de acuerdo con esta defensoría, este tipo de ataques ha disminuido en relación a unos nueve años, como lo que se vivió entre el 2013 y 2016; cuando los asesinatos de conductores de transporte colectivo fue casi una pandemia en el país; el temor de ser alcanzados y morir por balas perdidas en este tipo de ataques persiste entre los usuariso del transporte público.
En ese sentido, de acuerdo con estadísticas que maneja la entidad de Derechos Humanos, entre 2010 y 2020 hubo más de 2 mil 500 asesinatos vinculados a temas de transporte, pilotos, ayudantes, policías.
También hubo usuarios fallecidos, un total de 425 que murieron como víctimas colaterales de ataques armados en contra de conductores u otros hechos de tipo terrorista en los que colocaban bombas en los buses.
El entrevistado indicó que se mantienen los acercamientos con entidades de Gobernación y Policía Nacional Civil (PNC), en cuanto a que se multipliquen los operativos, especialmente ahora que se acerca la Semana Mayor en la que la afluencia de personas en el transporte público, se incrementa.
Debe haber mayor interés y enfoque de las autoridades competentes para evitar esas desgracias que son los ataques al transporte colectivo”, concluyó Guerra.