Por considerar que incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato, la Junta Directiva del Congreso presentó una querella penal contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Se trata de Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata y Neftaly Aldana, quienes votaron a favor de suspender las labores de la sala específica creada por el Parlamento para investigar el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mientras funcionó en el país.
La acción legal fue planteada este viernes ante la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá resolver si da trámite al expediente, que implicaría un proceso de antejuicio contra los togados denunciados.
Según los diputados, “el Congreso de la República tiene las facultades para nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional”, por lo que rechazan la suspensión de la comisión citada.
Al otorgar en forma provisional los amparos presentados en contra de dicha comisión legislativa, los magistrados impiden el libre ejercicio de funciones y atribuciones constitucionales de los diputados”, se lee en un comunicado difundido por el Legislativo.