La intervención de funcionarios del Concejo Municipal de Filadelfia y activistas comunitarios habría evitado que el migrante guatemalteco Armando Vargas, quien se encuentra interno en un centro asistencial de aquella ciudad estadounidense, fuera deportado este miércoles.
Claudia Martínez, sobrina del hombre, dijo a medios locales que las autoridades del Hospital Jefferson intentaron repatriarlo, con el argumento de que no posee seguro médico ni documentos que comprueben que su permanencia en EE. UU. es legal.
Ni Vargas ni algún miembro de su familia autorizaron el traslado, manifestó la entrevistada, ante lo que los medios denominaron una deportación médica.
Esta fue una de las publicaciones en redes sociales que alertó del caso.
El apoyo
Tras difundirse el caso, varios activistas, entre ellos estudiantes universitarios, se apostaron a las afueras del Hospital, a donde también acudió la concejal Helen Gym.
La presión de estas personas habría provocado que el centro médico diera marcha atrás en su decisión.
De hecho, otorgó cuatro semanas más de tratamiento al hombre, de 46 años, mientras sus parientes buscan un lugar para su recuperación.
El caso
Vargas fue atropellado el pasado 10 mayo por una motocicleta en el Roosevelt Boulevard, de esa ciudad.
El accidente le provocó una lesión cerebral, la cual le impedirá volver a caminar, tiene fracturas en las piernas y en varias costillas. Además, de acuerdo con su sobrina, el hombre requeriría atención psiquiátrica, una vez salga del centro asistencial.
Según se dio a conocer, el Departamento de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no está involucrado en el caso.