Tras los errores detectados en el procesamiento de votos y transcripción de actas de resultados electorales en el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso pidieron investigar a cada uno de los digitadores contratados para el proceso.
Tal peitición sería planteada ante el Ministerio Público y tendría como fin determinar si las 3 mil 200 personas contratadas para esta tarea y/o sus familiares están afiliados a algún partido político.
Esto se dio después de que el director de Informática del TSE, Gustavo Castillo, indicara que las inconsistencias en algunos resultados podrían estar relacionadas con fallas cometidas por los digitadores.
El presidente de la sala legislativa, Domingo Trejo, dijo que debe comprobarse si alguna agrupación pudo contratar también a esos mismos digitadores para que cambiaran los datos de la elección.
Cuestionan a funcionario
Castillo acudió esta mañana a una citación hecha por los miembros de la comisión, para informar sobre los problemas y fallos presentados por el sistema informático utilizado durante el procesamiento de votos, el pasado 16 de junio.
Desde la confiabilidad del sistema informático y la posibilidad de un “hackeo” hasta la probabilidad de un sabotaje en la transcripción de las actas fueron interrogantes que el funcionario debió contestar ante los parlamentarios, quienes no parecieron quedar conformes con sus respuestas.
Esto quedó en evidencia al reiterar en repetidas ocasiones las mimas preguntas. De hecho, hasta le solicitaron copias de las actas emitidas por determinadas juntas electorales.
Castillo manifestó que si bien los resultados publicados en el portal electrónico presentan errores, solo se trata de datos preliminares y que los oficiales aún se están procesando.
Nueva invitación
En busca de aclarar otras dudas, los legisladores volvieron a invitar a los magistrados del ente electoral a una reunión, programada para el jueves próximo.
La semana pasada los togados rechazaron una primera invitación, argumentando que no están supeditados a ningún organismo ni entidad estatal.
