Como resultado de la audiencia de primera declaración en contra de Carlos Ayala, la cual se realizó a puerta cerrada en un juzgado tributario en el edificio de finanzas públicas, la jueza resolvió que el sindicado quede ligado a proceso y enviarlo a prisión preventiva.
La juez tributaria Ericka Granados aceptó la petición del Ministerio Publico (MP) para que Ayala sea investigado por los delitos de defraudación tributaria y caso especial de estafa. Por lo que se le otorgó un plazo de 2 meses al ente investigador para la investigación correspondiente.
A finales de febrero se entregara el acto conclusivo y en marzo se discutirá si Ayala podría enfrentar un juicio por los dos delitos penales.
Para este jueves 26 de diciembre la jueza que conoce el caso B410 también decidió escuchar a los 3 sindicados por separado, por lo que afuera de la judicatura espera turno el abogado y notario David Barrera y Medarlo López para su primera declaración y resolver su situación legal.
A las 14 horas otro de los implicados entrara a la sala de audiencias para iniciar su primera declaración.
¿Quiénes son los detenidos?
El Ministerio Público dio a conocer la mañana del 16 de diciembre sobre la captura de dos primeras personas en el caso por posible defraudación tributaria B410, identificados como David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales.
Según la investigación, Barrera Maldonado lo sindican de lavado de dinero y otros activos, mientras que a Ayala, representante legal de una empresa constructora, por defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
La fiscalía estableció que los dos notarios se dedicaban a constituir sociedades anónimas para luego venderlas a terceros que tenían la obligación de actualizar cada cierto tiempo el domicilio fiscal y nombrar a otro representante legal. Sin embargo ese proceso en muchas empresas no lo hicieron.
Este caso de corrupcion fue debelado por la SAT, quien identificó un entramado de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones.
La evasión pudo concretarse a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno del ex presidente Alejandro Giammattei.
