Después de mucho tiempo criticando a las agencias reguladoras, de monitoreo y de transparencia independientes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el lunes la idea de eliminarlas por completo.
El dirigente sostiene que esos organismos un derroche e innecesarios, y que el dinero que se ahorre podría invertirse en atención médica. Pero AMLO está resentido con el monitoreo externo, ya sea por parte de comisiones gubernamentales o de ONGs.
Como presidente que se considera inmerso en una cruzada para reformar moralmente México, también desconfía de cualquiera que diga que tiene más autoridad moral que él.
López Obrador ha mencionado posibles recortes a la financiación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la agencia antimonopolio, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
El IFT supervisa cuestiones como el uso legítimo de las frecuencias telefonía celular, televisión y radio, y juega un papel en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que no está claro que pueda ser eliminado.
Grupos cívicos y de transparencia dicen que estas agencias, fundadas por los predecesores de López Obrador, representan victorias para la todavía joven democracia mexicana al exponer los acuerdos clandestinos, los secretos y la corrupción que durante muchos años dominaron el gobierno y las empresas.
“Es contradictorio que una administración que promete ser la más transparente de la historia del país pretenda eliminar la institución que garantiza la transparencia y el acceso a la información”, señaló el grupo cívico Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en un comunicado.
“Hoy son el INAI, la COFECE y el IFT. Mañana serán el INE, el Banco de México y la CNDH”, agregó refiriéndose a la agencia electoral independiente, al vanco central y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Tras siete décadas con un mismo partido en el poder, había tan poca transparencia que México tuvo que verse obligado a independizar su banco central luego de que varios presidentes lo emplearon para financiar sus programas de gasto y arrastraron al país a crisis financieras.
En la década de 1990, cuando la oposición obtuvo su primera mayoría en el Congreso, el gobierno comenzó a crear órganos constitucionales autónomos para proporcionar un contrapeso en todo, desde unas elecciones justas a abusos de derechos.
El INAI funciona como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estados Unidos, proporcionando un canal para que periodistas y otros accedan a la información solicitada. El gobierno tiene que revelar los datos o explicar por qué no lo hace, y esas decisiones pueden recurrirse.
El presidente señaló el lunes que el INAI no era necesario, demostrándolo en su conferencia de prensa matinal diaria al revelar un documento que un reportero había solicitado, pero no recibió, a través del INAI.
“Esto, si tenemos comunicación permanente, si se garantiza el derecho a la información, pues se resuelve y no hace falta, aprovecho para decirlo, el que exista todo un aparato que cuesta tanto, 1.000 millones de pesos (50 millones de dólares) cuesta mantener al Instituto de la Transparencia”, afirmó el presidente.
Señaló que en las décadas de 1990 y 2000, cuando se crearon la mayoría de las agencias, se dio también el mayor aumento de la corrupción y la privatización de empresas estatales, y acusó a los organismos de supervisión de no hacer nada para impedirlo y de actuar para encubrirlo.
AMLO ha propuesto recortar la financiación de las agencias, incluyendo también al parecer a organismos reguladores de energía, e incluir sus funciones en departamentos gubernamentales ya existentes para ahorrar dinero.
El presidente ha respondido probablemente a más preguntas directas de la prensa que todos sus predecesores juntos, en las más de 500 conferencias de prensa diarias que ha ofrecido hasta el momento. Pero, aunque López Obrador habla libremente, suele ser difícil obtener datos concretos como declaraciones de impacto ambiental o viabilidad de sus proyectos de construcción favoritos.
Activistas por la transparencia dicen que la independencia de las agencias es justo lo que las hace más fiables.
“Desaparecer al instituto (IFT) violaría el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fundamental para paliar la peor crisis económica en décadas, y enviaría la enésima señal a inversionistas nacionales y extranjeros de que lo que prevalece en nuestro país no es la ley sino la arbitrariedad”, apuntó el grupo cívico Causa en Común en una declaración.
Por AP.