Arévalo veta reformas a la prisión preventiva por posibles contradicciones

El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 23-2026, que planteaba reformas al Código Procesal Penal relacionadas con la prisión preventiva, y devolvió el documento al Congreso de la República con observaciones por posibles contradicciones con la Constitución Política.

El Congreso aprobó el decreto el 29 de septiembre de 2026 y lo remitió al Ejecutivo el 12 de octubre. La propuesta buscaba fortalecer el carácter excepcional de la prisión preventiva y establecer condiciones para aplicar esta medida, entre ellas la evaluación de riesgos concretos de fuga u obstaculización de la investigación. También incluía disposiciones sobre el traslado de personas detenidas y la creación de una Unidad de Control de Medidas de Coerción a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre los argumentos del veto, el Ejecutivo señaló que algunas disposiciones contenían referencias a medidas sustitutivas que el mismo artículo no enumeraba y mencionaban delitos cuya denominación legal ya no está vigente. Además, advirtió que el decreto establecía su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, sin contemplar un período suficiente para organizar la nueva unidad ni garantizar la capacidad operativa necesaria para aplicar las reformas.

El acuerdo gubernativo 173-2026, fechado el 27 de octubre, fundamenta la decisión en el artículo 2 de la Constitución, relacionado con el deber del Estado de garantizar la seguridad de los habitantes. Ahora, el Congreso deberá conocer el veto y las observaciones presidenciales conforme al procedimiento legislativo correspondiente, para determinar los pasos a seguir respecto al decreto.