Seis muertos y 14 heridos dejaron un ataque con explosivos contra una patrulla policial en el estado mexicano de Jalisco, una práctica inusual que, según expertos, vienen multiplicando los cárteles del narcotráfico para aterrorizar.
Casi una semana después de que un coche bomba matara a un miembro de la militarizada Guardia Nacional e hiriera a tres más en el estado de Guanajuato, varios artefactos artesanales fueron activados al paso de un convoy en Tlajomulco, periferia de la ciudad de Guadalajara.
Allí fallecieron cuatro policías y dos civiles, según la fiscalía estatal, que reportó además 14 lesionados: uno de sus funcionarios, un policía y 12 civiles, incluidos tres menores.
“Es un acto de terror brutal”, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico con 1.095 homicidios y unos 750 desaparecidos entre enero y junio pasado, según cifras oficiales.
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Alfaro atribuyó el atentado a la “delincuencia organizada”, mientras que la Fiscalía detalló que los explosivos estaban enterrados y fueron activados a distancia. La región es base del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos con presencia en varios países.
El gobernador también manifestó que este hecho sin precedentes en Jalisco constituye un “desafío” al Estado mexicano.
Con este tipo de acciones, los criminales persiguen varios objetivos: “Demostrarles a sus enemigos delictivos de lo que son capaces, desafiar a la autoridad y generar miedo en la sociedad.
Críticas al gobierno
Las explosiones en Tlajomulco ocurrieron el mismo día en que 13 agentes de seguridad fueron liberados en la ciudad de Chilpancingo, tras ser retenidos. Según las autoridades, para presionar la excarcelación de dos de sus líderes.
La liberación de los funcionarios se produjo tras negociaciones entre el gobierno y los manifestantes, un episodio que avivó las críticas a la política de seguridad de “abrazos, no balazos” del mandatario izquierdista.
“La paz es fruto de la justicia, no de medidas coercitivas”, defendió López Obrador, quien sostiene que el enfoque militar antidrogas solo ha dejado un baño de sangre sin haber logrado frenar el tráfico de estupefacientes.
Desde 2006, cuando fue puesta en marcha esa ofensiva con participación del Ejército y la Marina, México acumula unos 350.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones narcotraficantes.
