Los legisladores aprobaron un estado de emergencia que suspende un tope constitucional al gasto del gobierno. Con ello se podrá asignar unos 7,600 millones de dólares adicionales a las prestaciones de bienestar, que desgastaran de 400 a 600 reales (110 dólares) por mes, así como un subsidio al gas de cocina y nuevos programas de transferencia de dinero para conductores de camiones de carga y taxis, entre otras medidas.
Es una suma importante para los brasileños más pobres en una época de inflación de doble dígito y desempleo persistente. Más de 10 millones de brasileños, de una población de 210 millones de habitantes, carecen de empleo.
Sin embargo, es un aumento temporal que finaliza en diciembre.
La oposición de tendencia izquierdista apoyó con renuencia la enmienda constitucional propuesta por el gobierno, aunque acusó al presidente Jair Bolsonaro de usar el dinero para tratar de comprar votos para la elección de octubre. Las encuestas revelan que el favorito es el expresidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva.
“Él (Bolsonaro) cree que puede comprar a la gente. Cree que la gente es una manada, que la gente no piensa”, dijo Lula días atrás en una entrevista radial. “La gente tiene que tomar el dinero, pero eso no resolverá el problema porque todo esto (el aumento de fondos) termina en diciembre”.
La oposición esperaba aplazar la votación en el Congreso para reducir el beneficio para Bolsonaro. Pero el proyecto se llevó a cabo por una gran mayoría de 469 a 17.
El proyecto ya fue aprobado por el Senado.
“Sabían que tenían que votar a favor”, dijo Lucas de Aragão, de la consultora política Arko Advice, y dijo que muchos legisladores también buscan su reelección en octubre. “Cómo oponerse contra un proyecto que aumente las prestaciones, independientemente de quién se beneficie electoralmente o las motivaciones”.
De Aragão dijo que beneficiará a Bolsonaro porque los fondos irán a los más pobres, que generalmente apoyan a Lula.
