Henry Argueta-Tobar de 19 años, fue capturado en Estados Unidos, sindicado de violar a un residente de Maryland, esto tras un operativo ejecutado por los oficiales de deportación del Equipo de Operaciones de Fugitivos de ERO Baltimore.
Argueta el 21 de mayo de 2019, ingresó ilegalmente a los Estados Unidos cerca de El Paso, Texas, como menor acompañado. Los funcionarios entregaron a Argueta una notificación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia.
El 23 de mayo de 2019, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos transfirió la custodia de Argueta a ERO El Paso. Más tarde ese día, ERO El Paso liberó a Argueta bajo orden de reconocimiento.
La Oficina del Sheriff del condado de Charles arrestó a Argueta el 22 de diciembre de 2023 y lo acusó de violación en segundo grado.
El Centro de Detención del Condado de Charles se negó a respetar la orden de detención de inmigración de ERO Baltimore y liberó a Argueta de su custodia en una fecha desconocida.
El 12 de febrero, un juez de inmigración del Departamento de Justicia en Baltimore ordenó la expulsión de Argueta a Guatemala.
El 3 de julio, el Tribunal de Circuito del condado de Charles condenó a Argueta por violación en segundo grado y lo sentenció a 20 años de prisión seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada. Luego, el tribunal suspendió toda la pena de prisión, excepto 190 días.
Los agentes de deportación del Equipo de Operaciones de Fugitivos de ERO Baltimore arrestaron a Argueta en Waldorf. Argueta permanece bajo custodia de ERO.
Como parte de su misión de identificar y arrestar a no ciudadanos deportables, ERO presenta órdenes de detención de inmigración contra no ciudadanos que han sido arrestados por actividad criminal y puestos bajo custodia por las autoridades estatales o locales.
las detenciones resultan en la transferencia directa de un no ciudadano de la custodia estatal o local a la custodia de la ERO, también minimizan la posibilidad de que un individuo reincida. Además, las órdenes de detención conservan los escasos recursos gubernamentales al permitir que ERO detenga directamente a delincuentes no ciudadanos en lugar de gastar recursos en localizar a estos individuos en libertad.