La Corte de Constitucionalidad rechazó de forma unánime la solitud que planteó la Fiscal General, Consuelo Porras de procesar penalmente al presidente Bernardo Arévalo, bajo el argumento que no ha cumplido la orden de evitar acciones para removerla del Ministerio Público.
La petición de debida ejecutoria estaba relacionada al amparo otorgado en mayo pasado, en el que se exige a Arévalo y otros funcionarios que se “abstengan” de “todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atenten contra el mandato para el cual fue electa” la fiscal hasta 2026.
La misma resolución descarta la petición de destituir a funcionarios del Organismo Ejecutivo.
Anteriormente, Porras señaló que “al no cumplir” con lo ordenado “deben quedar separados” varios funcionarios de la actual Gobierno inmediatamente.
Entre ellos el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el secretario de Comunicación, Santiago Palomo.
Postura del secretario general de la Presidencia
En la resolución, el magistrado Roberto Molina Barreto consideró necesario que la Corte de Constitucionalidad dicte medidas para orientar a los funcionarios.
En diferentes circunstancias y desde que inició su administración, el presidente Arévalo, ha pedido públicamente la renuncia a Porras al considerar que sus acciones vulneran la democracia en el país.