CC suspende provisionalmente obligación de instalar el Sistema Limitador de Velocidad
Con las medidas suspendidas se buscaba la prevención de accidentes, proteger la vida y garantizar la seguridad de los usuarios.
La Corte de Constitucionalidad, -CC-, suspendió provisionalmente la obligación de la instalación del Sistema Limitador de Velocidad, -SVL-, en todas las unidades de transporte colectivo de pasajeros y transporte pesado o de carga, así como otras regulaciones contenidas en la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, decreto 45-2016 del Congreso de la República y su reglamento.
Este día fue publicada en el Diario de Centroamérica, la resolución del expediente 5185-2026, una acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación Civil “Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (FENATREXP)”, a través de su presidente de Junta Directiva y Representante Legal, Itiel Ordóñez Castillo.
En la resolución se lee: “En el presente caso, esta Corte estima que concurren los supuestos que prevé la norma legal citada, razón por la cual se decreta la suspensión provisional de las disposiciones denunciadas”.
De esa cuenta quedan suspendidas las siguientes disposiciones: Literales a) y d) del artículo 2 reformado por el artículo uno del Decreto 11-2017 del Congreso de la República.
Literal a) del artículo 3, ambos preceptos del Decreto 45-2016 del Congreso de la República.
Esto es lo que regulan estas disposiciones
Literal a): Regula la obligatoriedad de la instalación, funcionamiento y parametrización mecánica o electrónica del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) o gobernador de velocidad a un máximo de 80 kilómetros por hora en todas las unidades de transporte colectivo de pasajeros y transporte pesado, o de carga.
Literal d): Norma la aplicación de multas y sanciones escalonadas por salarios mínimos por el incumplimiento en la implementación, uso o alteración del limitador de velocidad.
Literal a) artículo 3 Decreto 45-2016 del Congreso de la República: Contempla la suspensión de la licencia o autorización de transporte (de servicio colectivo de pasajeros o de carga) como sanción administrativa y el régimen punitivo (multas económicas de Q10,000 a Q100,000) por circular sin el certificado o el dispositivo de control de velocidad exigido por la ley.
CC otorga audiencia
La CC también otorgó audiencia por 15 días al Congreso y al Ministerio Público para que se pronuncien sobre el caso.
