La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República presentó el dictamen favorable con modificaciones de la iniciativa que propone una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el presidente de la Comisión, Jorge Mario Villagrán, esta nueva propuesta de ley orgánica de la PNC busca dignificar a los elementos de la PNC, en temas de capacitación y profesionalización, dotación de insumos, asistencia médica, traslados y acompañamiento jurídico de ser necesario por acciones en cumplimiento de su deber.
Esto con el objetivo de contar con una policía más capacitada, con una carrera policial con un sistema estructurado que incluya alto grado de ética e integridad, que logre sus ascensos a base del mérito.
Asimismo que mediante esta preparación y organización se cree una mejor percepción de esta entidad y de la misma manera fortalezca la confianza de la ciudadanía.
En el análisis de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, los congresistas señalan que el Decreto 11-97 Ley de la Policía Nacional Civil, ya no responde a las necesidades actuales de la institución, que le permita cumplir con sus funciones y de la misma manera responder a las de la sociedad guatemalteca actual en materia de seguridad.
“Es importante re direccionar el actuar de la Policía Nacional Civil con una visión enfocada
en las necesidades del Estado de Guatemala para el cumplimiento del mandato constitucional, de proteger a la persona y a la familia; así como, la realización del bien común, garantizando la protección de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas; asimismo, proveerles de herramientas para el combate al crimen, garantizando la seguridad pública mediante la aplicación de métodos científicos basados en el análisis de información y orientación comunitaria“, señala la comisión en la iniciativa de ley.
Regulan tema de uniformes
Uno de los diferentes aspectos que se incluyen en este proyecto de ley es el de regular los uniformes de la PNC, pues asigna a la Dirección General como único distribuidor de estos uniformes y da un plazo de 5 años desde la aprobación de la ley para la creación de la industria para la elaboración de los uniformes.
Estos uniformes contarán con un Número de Identificación Policial -NIP- para garantizar el número de uniformes y autenticidad de los mismos.
Para quienes fabriquen o vendan de forma irregular uniformes, esto tiene una pena de prisión de 8 a 12 años.