En el caso Terminal de Contenedores Quetzal, continúo la diligencia para saber si el procesado Gustavo Martinez debe ser investigado por el delito de cohecho pasivo.
Sin embargo la audiencia se suspendió porque Martinez no coincidió con sus abogados defensores, quienes se excusaron indicando que tenían otra audiencia el mismo día y a la misma hora en Torre de Tribunales.
En la próxima diligencia se le dará la palabra al MP y los querellantes para que se pronuncien sobre los nuevos avances del caso, y también si se dará la palabra a otros querellantes por medio de videoconferencias.
Antecedentes
El caso fue revelado en abril de 2016 y su descubrimiento fue posible a las confesiones realizadas por Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz del Ministerio Público (MP).
El testigo contó detalles de cómo, supuestamente, los entonces mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, otorgaron el contrato a la empresa extranjera a cambio de sobornos.
Historial de supuestos sobornos
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los exgobernantes confiaron las operaciones de la estructura criminal a Juan Carlos Monzón, quien habría negociado los sobornos.
Un grupo de españoles le entregó a Monzón un cuadro con los detalles de pagos, en el que se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera:
$24.5 Millones para “socio local”
$5 Millones para “Argentino”
$0.5 Millones para gastos.
La “comisión” se distribuiría en proporción del 60% para el expresidente y la exvicepresidenta, y el 40% para Juan Carlos Monzón.
