El presidente Rodrigo Chaves, quien asumió el cargo el domingo, hizo de la declaratoria de emergencia uno de sus primeros actos. Fue publicado el miércoles, pero Chaves no nombró a los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencia.
La declaración hace referencia al ataque que sufre Costa Rica a manos de “ciberdelincuentes” y “ciberterroristas”.
La pandilla Conti, de habla rusa, se atribuyó la responsabilidad del ataque. La semana pasada, el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de $10 millones por información que conduzca a la identificación o ubicación de los líderes de Conti.
El ataque comenzó en abril cuando el Ministerio de Hacienda fue el primero en informar que varios de sus sistemas se vieron afectados, incluida la recaudación de impuestos y aduanas. Los ataques también tuvieron como objetivo el sistema de recursos humanos de la agencia de seguridad social y el Ministerio de Trabajo.
El gobierno costarricense no ha informado de una expansión del ataque, pero algunos sistemas, especialmente en el Ministerio de Hacienda, aún no funcionan con normalidad. El gobierno tampoco ha hecho una estimación de las pérdidas causadas por el ataque.
Carlos Alvarado todavía era presidente cuando comenzaron los ataques y dijo que Costa Rica no pagaría ningún rescate a la pandilla.
En la declaración del Departamento de Estado de EE. UU. la semana pasada, dijo que el grupo Conti había sido responsable de cientos de incidentes de ransomware durante los últimos dos años. “El FBI estima que, a partir de enero de 2022, hubo más de 1000 víctimas de ataques asociados con el ransomware Conti con pagos a las víctimas superiores a $ 150 000 000, lo que convierte a la variante Conti Ransomware en la cepa de ransomware más costosa jamás documentada”, dice el comunicado.
Además del estado de emergencia del ransomware, Chaves también eliminó el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos relacionado con la pandemia y emitió un decreto que instó a las instituciones públicas a no sancionar a los funcionarios que no hayan sido vacunados contra el COVID-19, revirtiendo la política de su antecesor.
