Ocho diputados enfrentarán un proceso de antejuicio, por la posibilidad de que hubieran incurrido en irregularidades, como la solicitud de plazas fantasmas y recomendación de sus allegados para que fueran contratados en el Ministerio de Salud durante el gobierno del extinto Partido Patriota.
Así lo resolvió este martes el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual dio trámite a la solicitud planteada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en el marco del caso de corrupción Asalto al Ministerio de Salud.
De esta cuenta, los expedientes contra los parlamentarios deberán ser conocidos por un juez pesquisidor, el cual también conocerá las pruebas de descargo correspondientes, antes de remitir su recomendación a los togados, respecto de si es conveniente o no retirarles la inmunidad.
Los diputados que enfrentarán este proceso son:
1.- Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo, lavado de dinero.
2.- Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, tráfico de influencias.
3.- Luis Alberto Contreras Colindres, tráfico de influencias.
4.- Marco Antonio Lemus Salguero, tráfico de influencias.
5.- José Inés Castillo Martínez, tráfico de influencias.
6.- Rodolfo Moisés Castañón Fuentes, tráfico de influencias.
7.- Carlos Santiago Nájera, tráfico de influencias.
8.- Humberto Leonel Sosa Mendoza, tráfico de influencias.
En otro caso
Durante su sesión plenaria, los magistrados también dieron trámite al expediente planteado por la FECI contra la congresista Mirna Figueroa.
El ente investigador la señala de haber recibido beneficios económicos, a cambio de votar por determinadas leyes o apoyar el nombramiento de funcionarios, por instrucciones de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.
En el caso estarían implicados otros diputados, cuyos expedientes ya fueron conocidos por jueces pesquisidores.
Rechazan solicitud
En otra de sus resoluciones, la CSJ rechazó sin entrar a conocer la petición de antejuicio contra la diputada Delia Bac.
A la parlamentaria se le señaló por supuestas irregularidades en la construcción de una carretera que conducía a un Spa de su propiedad.
Opina sobre validez
Estas son las primeras resoluciones emitidas por los magistrados durante la ampliación de su mandato, y, a criterio del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), podrían ser objeto de acciones legales para declararlas nulas.
Todas las decisiones que emitan tanto la Corte Suprema de Justicia como las Salas de Apelaciones a partir del 13 de octubre están en un plazo irregular, que está violando un plazo constiucional”, dijo Stuardo Ralón, presidente de esa entidad.