Mediante la firma de este convenio el Instituto de la Defensa Pública Penal se compromete a brindar asesoría, asistencia jurídica y psicológica especializada, con enfoque de igualdad de género, pertinencia cultural y derechos humanos, por medio de las unidades y coordinaciones correspondientes.
También brindarán el servicio de defensa pública penal, en los casos que se soliciten, lo cual deberá ser coordinado por el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA).
El acuerdo busca contribuir a la orientación y mejoramiento de la condición jurídica de los retornados, deportados y migrantes que están en Guatemala.
El Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal, Idonaldo Fuentes, indicó que el fin principal es “garantizar el derecho de defensa de este sector, mediante la aplicación del debido proceso, a través de una intervención oportuna en todas sus etapas; contribuyendo a facilitar el acceso al sistema de justicia nacional”.
El convenio tiene vigencia de un año, con opción de prórroga, indicaron las autoridades de ambas entidades.
