El 19 de noviembre de 2024 los diputados electos por Semilla: Samuel Pérez, Andrea Villagrán, José Carlos Sanabria y Laura Fabiola Marroquín Cordón presentaron ante dirección legislativa del Congreso una iniciativa que plantea reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, el principal objetivo es otorgarle de nuevo la potestad al Presidente de la República remover a la Fiscal General y Jefe del MP.
El documento detalla lo siguiente:
“De conformidad con el artículo 251 de la Constitución política de la República de Guatemala, el Fiscal General durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preenmiendas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
“El presidente de la República podrá remover por causa justificada debidamente establecida. El artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público, decreto número 40-94 del congreso de la República, impide que el presidente de la República pueda hacer uso de la potestad constitucional que le corresponde de remoción del fiscal general y jefe del ministerio público, derivado de qué establece que se entenderá por causa justificada debidamente establecida, la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutada”.
“Asimismo, se afecta la supremacía constitucional estipulada en el artículo 175 de la Constitución política de la República de Guatemala, ya que la causal de la remoción regulada en el artículo 14 de la ley orgánica del ministerio público tergiversa el espíritu del artículo 251 constitucional, que regula la facultad del presidente de la República de remover al fiscal general por causa justificada. Definir dicha causa Como la comisión de un delito doloso con sentencia condenatoria ejecutoria y pone una condición materialmente imposible de cumplir, sobre todo considerando los plazos judiciales y la incapacidad del fiscal general de investigarse asimismo”.
