Aumentaba el suspenso en la frontera méxico-estadounidense en torno al futuro de las restricciones a los solicitantes de asilo desde que la Corte Suprema emitió una orden temporal para mantener en vigencia los límites a la migración dispuesta en la época de la pandemia.
Estados de tendencia conservadora necesitaron un respiro —que podría ser breve— en su intento de mantener vigente una medida conocida como Título 42 que permite a las autoridades expulsar a los solicitantes de asilo. En una apelación de última hora a la Corte Suprema, argumentaron que el aumento brusco de la cantidad de migrantes afectaría a servicios tales como el mantenimiento del orden y la atención de la salud, y advirtieron que podría haber una “calamidad sin precedentes” en la frontera sur.
El titular de la Corte, John Roberts accedió a un aplazamiento y pidió al gobierno del presidente Joe Biden que emita una nueva orden antes de las 5 de la tarde (2100 GMT) del martes. Las restricciones caducan el miércoles.
El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de la seguridad en la frontera, al reconocer la orden de Roberts dijo que seguirá con los “preparativos para manejar la frontera de manera segura, ordenada y humanitaria cuando caduque la orden de salud pública Título 42”.
Bajo esa orden, vigente desde marzo de 2020, se denegaron 2,5 millones de solicitudes de asilo presentadas por migrantes acogidos al derecho estadounidense e internacional, con el argumento de impedir la propagación del COVID-19.
Al acercarse el momento de decidir los próximos pasos, crecen las presiones en poblaciones a los dos lados de la frontera suroccidental.
En El Paso, el alcalde demócrata Oscar Leeser advirtió el lunes que los refugios al otro lado de la frontera en Ciudad Juárez tienen agotada su capacidad y unos 20.000 migrantes se aprestan a entrar a Estados Unidos.
A pesar de la orden de la corte, la ciudad de El Paso se apresuró a ampliar su capacidad para recibir migrantes al instalar refugios en grandes edificios, y la Cruz Roja traía 10.000 camas.
Las restricciones del Título 42 se han aplicado a todas las nacionalidades por igual, pero han afectado de manera desproporcionada a los países que México ha acordado recibir: Guatemala, Honduras, El Salvador, más recientemente Venezuela y el mismo México.
