El Organismo Ejecutivo se pronunció al respecto sobre la resolución que emitió la CC, con la que dejó en suspenso la ampliación del Presupuesto que había aprobado el Congreso de la República, en el comunicado se detalla lo siguiente:
“Más allá del contenido de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República tiene las potestades para hacer valer su voluntad y decisión soberana, mostrando coherencia en su decisión de apoyar el reajuste al Presupuesto General de la Nación. De esta forma habrán escuchado el sentir general de un pueblo que reclama avances a sus representantes, que pide acuerdos nacionales para sacar al país adelante”.
“El plan A, plan B y plan C son y serán siempre la búsqueda de soluciones para mejorar la vida de las y los guatemaltecos, una misión que debe unir a todos los representantes”.
Antecedente:
El Miércoles 19 de agosto del presentó año, el Pleno del Congreso aprobó un ajuste de 14 mil millones de quetzales del presupuesto general de la Nación.
Distribución de Recursos:
Se destaca la asignación de Q600 millones más para Salud, para el cumplimiento a la Ley para la Atención Integral al Cáncer en Guatemala y que se viabilice la construcción de un hospital especializado, como lo contempla el Decreto 7-2024. Además, la cartera contará con recursos para la compra de productos farmacéuticos, equipo médico quirúrgico.
También se destina fondos para alcanzar la meta de 10 mil escuelas remozadas, entre otras acciones, además, se incluyen Q42 millones para el Programa de Incentivos Forestales (Pinpep) y Q84 millones a la Ley Probosque y un robro importante de Q1 mil 676 millones 555 a las municipalidades de todo el territorio nacional, para proyectos de desarrollo social.
Al Artículo 11 se presentó una enmienda por sustitución total, que con la aprobación faculta al Organismo Ejecutivo para que por conducto del Ministerio de Finanzas pueda reorientar los aportes extraordinarios establecidos en el Decreto 54-2022, Ley del Presupuesto, con el objetivo de otorgar recursos para ampliar la cobertura del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor a través del Ministerio de Trabajo, atender las Clases Pasivas Civiles del Estado y garantiza los aportes de los beneficiarios de la Ley Temporal de Desarrollo Social, así como otros gastos que contribuyan al bienestar de la población.
