
Varias reacciones ha generado la aprobación de urgencia nacional del decreto Decreto 7-2025 en el Congreso, que busca otorgarle más fondos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y todas ellas han solicitado al presidente Bernardo Arévalo, vetarlo.
Este fue el caso del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), sector que solicitó al mandatario vetar dicho decreto.
El CACIF explica que esa ley permite trasladar recursos no ejecutados de un año fiscal, al siguiente y eso viola el principio de anualidad del presupuesto.
Añadieron que ese decreto otorga al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) atribuciones que son exclusivas del órgano Legislativo.
Por su parte, el Consejo Nacional Empresarial (CNE) indicó que la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se realizó sin una discusión parlamentaria suficiente ni la incorporación de criterios técnicos y programáticos.
En un comunicado, este sector indicó que de no ser vetado por el Presidente representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que podría abrir espacios para reactivar redes ilícitas en la contratación y ejecución de obras públicas.
La Cámara de Comercio de Guatemala también pidió al presidente vetar dicha ley, ya que de entrar en vigor abriría la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos, sin el debido control político que garantiza la Constitución y que a la vez, debilita la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos.
Por último, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) expresó preocupación por la aprobación del decreto 7-2025 e indicó que el mismo, debilita los controles sobre el gasto ejecutado por los Consejos de Desarrollo.
Durante la sesión del martes, de urgencia nacional, los diputados del Congreso aprobaron una ley que permite a los consejos de desarrollo ampliar su presupuesto en 2026, para incorporar los recursos que no hayan usado este año.
La normativa se denomina Ley para el fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de desarrollo urbano y rural.
105 diputados votaron a favor de aprobar la iniciativa. La ley nace previo a que el Congreso discuta la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2026, impulsado por el Ejecutivo.




