Desde la celda policial en La Paz, la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea enviar misiones; para evaluar lo que calificó como una aprehensión ilegal en su contra y de dos de sus exministros.
Los tres exfuncionarios enfrentan señalamientos por sedición y terrorismo, durante la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
En la carta que envió a ambos organismos, Áñez califica su aprehensión y la de sus ex colaboradores como una “persecución política aberrante” y exigió “un debido proceso”.
Mientras tanto, la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para las Derechos Humanos solicitó a las autoridades judiciales un proceso “justo, independiente e imparcial”.
Áñez fue detenida la madrugada de este sábado en Trinidad, al noreste de Bolivia; y la llevaron a celdas comunes para que un juez de medidas cautelares decida si otorgarle arresto domiciliario o enviarla a prisión preventiva.
Esto es un atropello, como exmandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo”, declaró a la prensa.
Postura del Gobierno
Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia aseguró que no se trata de una persecución, sino que es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez.
La exmandataria, de 53 años, no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Este caso se presentó contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.
Se eleva tensión en Bolivia
El caso ha vuelto a elevar la tensión política en Bolivia. Líderes de oposición califican las detenciones de ilegales y acusan al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”.
Arce, Morales y legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han calificado de un golpe de Estado lo ocurrido tras elecciones de octubre de 2019, denunciadas como fraudulentas por la OEA; lo que desencadenó un estallido social que cobró la vida de 36 personas y obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder. El expresidente buscaba una cuarta reelección en esos comicios fallidos.
Áñez era entonces senadora opositora y estaba habilitada para la sucesión, que se activó tras la renuncia de Morales y su precipitada salida a México. La exmandataria convocó a elecciones en octubre de 2020 y Arce, el heredero político de Morales, se impuso con el 55% de los votos.
Con información de AP**