El flagelo de la extorsión es una constante en el transporte público del país y comerciantes, pero esta es una de las épocas en las que se incrementa la tensión pues los delincuentes cobran el denominado bono del pescado o de Semana Santa.
El cual consiste en un pago extra que los delincuentes exigen a los trabajadores de transporte urbano y extraurbano, taxistas, tuctuqueros, comerciantes entre otros.
Cada año se da una situación de exigencia del mal llamado bono de Pescado o de Semana Santa. En ese sentido hay exigencia desde hace algunas semanas.
Los transportistas que antes conducían buses rojos y que optaron por continuar trabajando con vehículos particulares que operan como taxis no autorizados, también están siendo víctimas de extorsionistas.
¿En qué consiste el Bono del Pescado?
El bono del pescado o de Semana Santa es un cobro adicional que se hace semanal o mensual; el cual oscila entre los Q300.00 hasta los Q2 mil; pues no hay una cuota específica, ya que esta varía dependiendo del tipo de transporte y ruta.
Lo que sí es cierto es que se han incrementado ese tipo de ataques y ya hay también algunas acciones en cuanto al tema del Ministerio de Gobernación, haciendo requisa en cárceles y realizando operativos.
¿Cuáles son los sectores en los que hay más ataques de este tipo?
De acuerdo con los monitoreos, en el caso de los taxis colectivos no autorizados, el problema es general, es decir, que afecta a todo el país; pero con mayor incidencia en áreas de San Miguel Petapa, Villa Nueva, y Guatemala; principalmente en las zonas 7, 6 y 18.
También se tiene una alta incidencia en el transporte urbano y extraurbano departamental; por ejemplo en Quetzaltenango.
Temor persiste en usuarios
Aunque de acuerdo con estadísticas este tipo de ataques ha disminuido en relación a unos nueve años, como lo que se vivió entre el 2013 y 2016; cuando los asesinatos de conductores de transporte colectivo fue casi una pandemia en el país; el temor de ser alcanzados y morir por balas perdidas en este tipo de ataques persiste entre los usuariso del transporte público.
En ese sentido, de acuerdo con estadísticas que maneja la entidad de Derechos Humanos, entre 2010 y 2020 hubo más de 2 mil 500 asesinatos vinculados a temas de transporte, pilotos, ayudantes, policías.
También hubo usuarios fallecidos, un total de 425 que murieron como víctimas colaterales de ataques armados en contra de conductores u otros hechos de tipo terrorista en los que colocaban bombas en los buses.